CALICA (SAC TUN): un combate de intereses

¿Qué ocurre?

El conflicto entre SAC TUN (antes CALICA) y el gobierno federal ha sido un tema de gran controversia durante la presente administración, lo que ha provocado que se traigan a la mesa diversas estrategias legales, jurídicas y mediáticas para sobreponer los intereses de las partes.

Este caso ha sido un asunto de enorme relevancia en materia ambiental y legal, y por supuesto de una importante exposición mediática favorecida en gran medida por las conferencias matutinas del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que han posicionado el tema en continuo debate, y bajo el escrutinio riguroso de las autoridades ambientales de México.

¿Qué es CALICA?

Calizas Industriales del Carmen SA de CV, ahora denominada SAC TUN, es una empresa dedicada a la extracción, explotación e importación de materiales pétreos ubicada en la parte continental del municipio de Cozumel en Quintana Roo, México.

Fundada en 1986, SAC TUN es subsidiaria de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, y exporta cerca de 6 millones de toneladas de piedra caliza a Estados Unidos para su aprovechamiento principalmente en el sector de la construcción.

SAC TUN cuenta con una extensión de más de 2,200 hectáreas en tres predios denominados Adelita, La Rosita y El Corchalito, así como la concesión de un puerto marítimo en Punta Venado para la exportación de los materiales pétreos.

Recuento del Conflicto

Después de su fundación, al cierre de la administración de Ernesto Zedillo en el año 2000, se concedió a CALICA un tercer permiso para extender sus operaciones 20 años más.

Sin embargo, al inicio de la presente administración en el año 2018, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, impuso una clausura a uno de los predios de CALICA por aprovechamientos de materiales pétreos superiores a los autorizados por las autoridades correspondientes.

Ese mismo año, la empresa interpuso una demanda contra el Estado Mexicano presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CADI) del Banco Mundial. En este recurso, la empresa reclama una compensación de 1,500 millones de dólares alegando afectaciones a su negocio bajo las reglas del anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Años más tarde, en el año 2020 la empresa atravesó una clausura temporal del predio El Corchalito así como la imposición de una multa de 7.9 millones de pesos y una serie de medidas correctivas. Posteriormente en el 2022, Profepa realizó la clausura total del predio La Rosita por anomalías identificadas durante inspecciones en materia de Impacto Ambiental y Forestal.

En este tiempo la empresa también enfrentó demandas por la vía civil, dentro de las cuales destaca la demanda de Cementos Mexicanos (CEMEX) por la utilización del puerto marítimo en Punta Venado, la cual ha sumado a las fricciones entre ambas empresas, y el Estado Mexicano, provocando la intervención de elementos de la Marina en dicho puerto.

Desde mediados del 2023, y después de una larga controversia con el Senado Estadounidense, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la empresa, advirtiendo que compraría los terrenos de SAC TUN y los declararía como Área Natural Protegida, y a su vez convertiría la concesión del muelle en un puerto con fines turísticos.

El Estado Mexicano emitió un avalúo de dichos terrenos por un monto de 6,500 millones de pesos, a lo cual la empresa refirió que no corresponde al valor real de sus activos.

Ante esta iniciativa, en octubre de 2023, Vulcan Materials Company tramitó un amparo en contra de la conversión en Área Natural Protegida, mismo que fue rechazado por las autoridades competentes por no referir a una acción vigente por parte del Estado Mexicano, sino meramente a las aparentes intenciones del Ejecutivo.

Desde el año pasado CALICA ha sido motivo de debate durante las conferencias matutinas del presidente, generando gran controversia entre ambos países. Sin embargo, a pesar de la disputa, Vulcan Materials Company ha decidido desistir de la demanda por incumplimiento del TLCAN, en respuesta de cancelación de la declaración de los terrenos como Área Natural Protegida.

Si bien se ha visto una disposición de ambas partes por arreglar este desacuerdo, aún están por verse las medidas que tomará cada una de las partes para la resolución total del conflicto, especialmente de cara a los cambios administrativos derivados del próximo sexenio.

Impacto Ambiental

Como parte de la controversia, se han realizado diversos estudios sobre el impacto ambiental de las operaciones de SAC TUN en el territorio quintanarroense, efectuados por la autoridad competente: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, poniendo en escrutinio riguroso los efectos de las acciones de la empresa en el medio ambiente.

En el año 2022, SEMARNAT hizo públicos estos estudios, revelando los graves daños en los que presuntamente, incurrió la empresa. A continuación, se enlistan algunos de ellos:

• Explotación de Material por debajo del nivel freático

• Alteración del Subsuelo como la provocación de hundimientos y fracturas al suelo kárstico.

• Alteraciones a las aguas subterráneas: descenso del nivel freático, deterioro de la calidad del agua subterránea, afectaciones graves a la integridad de cenotes,

• Cambio de uso de suelo imposibilitando su regeneración a más de 300 años causando la alteración y fragmentación de los ecosistemas con graves efectos a la biodiversidad.

• Contaminación y erosión del suelo.

Lo anterior, de acuerdo con la Autoridad, representa costos sociales y ambientales de 34.6 mil millones de pesos.

Además de estos impactos ambientales, la autoridad refiere también a faltas en materia ambiental administrativa, como:

• Aprovechamiento mayor al permitido, con una extensión de explotación de 23.15 hectáreas adicionales.

• Omisión de modificaciones a los términos originales de los permisos.

• Volúmenes no declarados de agua explotada.

Lo anteriormente expuesto aun no culmina en la puesta en marcha de medidas legales ambientales para detener las operaciones ni ha provocado que se tomen acciones para la remediación de estos impactos.

Conclusiones

El conflicto entre SAC TUN y el Estado mexicano ha dejado ver el equivocado uso de las alegaciones ambientales, priorizando el manejo mediático y la extorsión política por ambas partes, dejando de fuera los intereses ambientales del territorio y las comunidades cercanas.

Así, una batalla justa por la integridad y salud de los ecosistemas se ha convertido en un “estira y afloje” administrativo y legal que pone en entredicho los intereses involucrados en estas operaciones.

En este contexto, es fundamental que las políticas públicas prioricen la protección del medio ambiente. Esto no solo implica aplicar sanciones a quienes infringen las normativas ambientales, sino también promover la estricta vigilancia al cumplimiento de la ley, lo que requiere, por supuesto, el fortalecimiento institucional de las autoridades ambientales.

Además, es crucial fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Las empresas deben ser responsables no solo ante la ley, sino también ante la sociedad. La colaboración entre el sector público y privado, basada en principios de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente, es esencial para lograr un equilibrio entre desarrollo económico y conservación ecológica.

En conclusión, el caso de SAC TUN subraya la necesidad imperante de anteponer la protección del medio ambiente a los intereses económicos y políticos. Sólo así podremos garantizar un futuro en el que el desarrollo económico vaya de la mano con la preservación de nuestros recursos naturales, asegurando así la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.